Así, ha destacado que la AUE se encuentra “en sintonía con la normativa internacional”, haciendo especial alusión a la ‘Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible’ de Naciones Unidas puesto que “se identifica especialmente con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 11, relativo a la construcción de ciudades y comunidades sostenibles”, así como a la ‘Agenda Urbana de la Unión Europea’, con la que también se encuentra alineada en sus objetivos y estrategias. En este sentido, la ha definido como “un marco estratégico para orientar el sentido de las políticas urbanas sostenibles con objetivo sociales, ambientales y económicos”.  Al respecto, ha detallado que las diez áreas temáticas del marco estratégico se centran en territorio, paisaje y biodiversidad; modelo de ciudad; cambio climático; gestión sostenible de los recursos y economía circular; movilidad y transporte, cohesión social e igualdad de oportunidades; economía urbana; vivienda; era digital, y, por último, instrumentos -normativos, de planificación y de financiación-, a los que otorga especial relevancia.

Cabe destacar que los grupos de trabajo implicados en la consecución de objetivos de la AUE son los ministerios, las comunicadas autónomas, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), la Red de Iniciativas Urbanas (RIU), el ámbito profesional y el sector privado,  y el que ha denominado como “tercer sector”, que incluye  a la sociedad civil o a las universidades, entre otros.  De la Cruz ha recalcado especialmente el “importantísimo papel de los municipios”, haciendo hincapié en que la AUE no tiene rango normativo sino que “se basa en la voluntariedad de los compromisos de las administraciones públicas y el resto de actores interesados”.

En el proceso de creación de la AUE ha sido preciso realizar un riguroso diagnóstico de la situación de España para establecer el marco estratégico, fijar un sistema de indicadores y por último, elaborar un plan de acción.  La experta ha afirmado que, “a pesar de que España está en una buena posición de partida, aún existen retos importantes”. En esta línea, ha fijado los principales retos sociodemográficos en “los altos niveles de envejecimiento, la despoblación de muchas zonas rurales, los desequilibrios territoriales y la falta de oportunidades y dificultades de acceso a servicios básicos por la población más vulnerable”.

Por otro lado, los principales desafíos en torno a la gestión de las ciudades giran en torno a la actual generación de “un modelo urbano compacto, complejo y razonablemente denso”, con desequilibrios entre la construcción de nueva ciudad y la rehabilitación y regeneración urbana, y la escasez de vivienda públicas en alquiler. Por ello, De la Cruz ha incidido en que “debe apostarse por el modelo de ciudad mediterránea, revertir procesos de clasificación o urbanización sobredimensionada y priorizar las actuaciones sobre los barrios que ya están catalogados como más vulnerables para reducir los desequilibrios territoriales”.

En términos de transporte en infraestructuras, la representante ministerial ha afirmado que “España posee una amplia red de infraestructuras viarias y de transporte que mueve entre 2.800 y 3.000 millones de viajeros al año”. A pesar de estas cifras, uno de los principales retos urbanos se centra en la reducción de la presencia del vehículo privado, apostando por innovación en el transporte público -clave en las ciudades inteligentes- y fomentando las vías ciclistas y la peatonalización de las ciudades.

Junto a ello, ha abordado la necesidad de optimizar los instrumentos existentes en España para activar los principios de la Agenda, ya que “la normativa es excesiva, heterogénea y muy rígida”. Ha destacado que, en la actualidad, “hay casi 90 normas urbanísticas vigentes y más de 5.330 ordenanzas municipales” y por ello, “es preciso seguir mejorando en la participación y la transparencia, así como la implantación de las nuevas tecnologías en el mundo rural”.